Una idea sobre género y medio ambiente

María de los Ángeles Herrera Romero

Programa Institucional de Estudios de Género de la FES Iztacala

Antecedentes del Género en el Medio Ambiente

La ONU define el medio ambiente como el conjunto de cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca (CINU, 2000).

Según Tomás Aznar (2012) el medio ambiente incluye aquellas condiciones físicas, económicas, políticas y socio culturales que nos rodean y que varían a lo largo de los años. Estas condiciones pueden constituir un riesgo para la salud y afectan de una forma diferente a mujeres y hombres, por ejemplo, la contaminación del aire provoca mayores problemas respiratorios en mujeres que en varones, sin embargo, estos estudios no son concluyentes por lo que se recomienda la incorporación del género como una variable para ver el impacto de la contaminación ambiental.

Históricamente, la relación entre género y medio ambiente comenzó con el ecofeminismo, generando un marco conceptual sobre las relaciones mujer-naturaleza. Éste plantea la existencia de un vínculo entre ambas y defiende la recuperación de un “principio femenino” que implica armonía, sustentabilidad y diversidad. Desde esta posición se afirma que todas las mujeres tienen una relación especial con la naturaleza y se considera a la mujer como un concepto y una realidad unitarios, centrados en el hecho de ser madre y cuidadora de vida (Arellano, 2003). Al respecto, Inmujeres (2008) publicó en su página de Internet que existe la idea de que las mujeres poseen una especial afinidad con la naturaleza estando comprometidas con ella y sus objetivos en el uso de los recursos y en su protección, y que se caracterizan por el “altruismo” ya que son las principales “voluntarias” para luchar contra el deterioro ambiental.

Agarwal, en 1991, propone el término “ambientalismo feminista”, el cual sugiere que “la relación de la gente con el medio ambiente está estructurada por factores de género, clase, casta/raza, etcétera, relacionados con la producción, reproducción y distribución, de tal manera que “las divisiones de trabajo, propiedad y poder que determinan la experiencia también determinan los conocimientos basados en esa experiencia” (Arellano, 2003, pág. 94).

En 1995, surge el concepto de “ecología política feminista” propuesto por Rocheleau,  en este se aspira a entender la manera en que intereses diferentes sobre el medio ambiente se generan y desarrollan  haciendo un análisis de las relaciones de poder implícitas en el uso, percepción y control de los recursos (Arellano, 2003).

Género, Medio Ambiente y Políticas Públicas.

A mediados de los años ochenta se comenzó a articular el discurso del tema del medio ambiente y las mujeres en el seno de la Convención Internacional de Nairobi y se incorporó en la agenda política como una tarea pendiente emanada de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, aportando un plan de acción global para institucionalizar el papel de la mujer respecto al medio ambiente y el desarrollo (Arellano, 2003; Ruíz, 2003).

En América Latina, uno de los ejemplos más fructíferos del diálogo entre teoría y praxis es el mensaje ecológico y feminista que se está gestando, la lucha por la soberanía alimentaria y los derechos de las mujeres, especialmente de campesinas e indígenas, siendo las claves para la creación de un modelo de desarrollo sustentable y la conservación de la naturaleza mediante la Agroecología (Puleo, 2011; citado en: Melero, 2012).

En el ámbito internacional, México se ha adherido a instrumentos internacionales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, cuyos mecanismos de seguimiento son parte del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la defensa de los derechos humanos. En este conjunto de responsabilidades internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano, su Protocolo Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de las disposiciones de la Convención al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para reivindicar sus derechos (SEGOB, 2013).

En México, el proceso de incorporación del enfoque de equidad en las políticas públicas inició de manera institucional en 1995, con el Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la Igualdad 1995-2000 (Pronam), siendo una de las estrategias fundamentales la planeación con enfoque de género. La entonces Comisión Nacional de la Mujer, la Semarnap y la Red Mujer y Medio Ambiente comenzaron los primeros diálogos, en julio de 1998, que delinearían los pasos a seguir en el corto y mediano plazo para la adopción del enfoque de equidad de género en las políticas públicas ambientales.  Los resultados dieron pie al borrador de la Declaración Política de Equidad de Género para el Sector, surgiendo el compromiso con los procesos de equidad de género hacia la sustentabilidad.

A finales del 1998, la Conmujer, la Subsecretaría de Planeación de la Semarnap y la Red Mujer y Medio Ambiente llevaron a cabo la  “Primera Reunión de Trabajo Género y Medio Ambiente”,  planteando que la equidad de género es un elemento constitutivo del desarrollo sustentable, bajo los parámetros de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para decidir y participar en el desarrollo, esto dio pie al Programa Especial de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad (2000-2006) de la Semarnat, con la línea estratégica de transversalidad de la perspectiva de género. En junio de 1999, México contaba ya con una Declaración para la Equidad de Género de la SEMARNAP  (Ruiz, 2003).

En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre sus atribuciones destacan: impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (SEGOB, 2013). Así, en marzo del mismo año, la Semarnat y el Inmujeres firmaron un convenio de colaboración y establecieron un programa de trabajo conjunto con la finalidad de institucionalizar la perspectiva de género en la política ambiental para el desarrollo sustentable. El Plan de acción inicialmente propuesto se transforma en el Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad (PEGMAS), dentro de la categoría de programas especiales (Ruiz, 2003).

En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer: “que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley (SEGOB, 2013).

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, configuran gran parte de la agenda nacional para la igualdad de género,  por lo que las atribuciones que emanan de los ordenamientos jurídicos fueron incorporadas al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) que se realizó el 22 de julio de 2013, concebido como un programa que permite la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las dependencias y en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales a los que obliga el Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro de las estrategia y líneas de acción de PROIGUALDAD, en la Estrategia 1.1, cuyo objetivo es Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º Constitucional, se contemplan tres líneas de acción que tienen relación con el medio ambiente y están relacionadas para su cumplimiento la Inmujeres, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE):

• 1.1.6. Armonizar los derechos de las mujeres con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
• 1.1.7 Promover la armonización de los derechos de las mujeres con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
• 1.1.8 Promover la armonización de derechos de las mujeres con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En la Estrategia 3.4, que tiene por objetivo Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e información de mercados, para fines productivos, se identifican tres líneas de acción que tienen relación con el medio ambiente y están relacionadas para su cumplimiento la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Semarnat:

• 3.4.3 Realizar acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres rurales en proyectos productivos de alimentos básicos.
• 3.4.5 Impulsar proyectos productivos, turísticos y de conservación del medio ambiente especialmente para las mujeres indígenas y del sector rural.
• 3.4.9 Fomentar el acceso de las mujeres a los recursos hídricos.

La Estrategia 5.5, que está estrechamente ligada con el tema que nos compete, tiene como objetivo Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental. En sus diez líneas de acción están relacionadas para su cumplimiento la Conagua, Sagarpa y Semarnat:

• 5.5.1 Incorporar perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
• 5.5.2 Alinear y coordinar programas federales e inducir un crecimiento verde incluyente con enfoque de intercultural y de género.
• 5.5.3 Incorporar a organizaciones civiles en el ordenamiento ecológico, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con perspectiva de género.
• 5.5.4 Promover observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para las acciones de género, hábitat y medio ambiente.
• 5.5.5 Impulsar programas tendientes a reducir las brechas de género en el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
• 5.5.6 Impulsar la igualdad de género en el aprovechamiento y sustentabilidad de los recursos naturales: agua, pesca, agricultura, ganadería, energías renovables.
• 5.5.7 Promover actividades de pesca y acuacultura sustentables para mujeres en zonas costeras y fluviales.
• 5.5.8 Impulsar el saneamiento y abasto de agua para consumo humano y uso doméstico en zonas rurales donde las mujeres abastecen.
• 5.5.9 Asegurar que los instrumentos financieros para la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad beneficien igualitariamente a mujeres y niñas.
• 5.5.10 Promover un sistema de información sobre cambio climático que genere datos e indicadores desagregados por sexo.

Como podemos ver, México tiene trabajo que hacer al respecto y la meta a cubrir tiene como plazo el 2018, por lo que es de suma importancia conocer cómo se están implementando estas líneas de acción para así verificar que se cumpla con lo establecido.

Conclusiones

Las mujeres a lo largo de la historia han desempeñado un papel socio-ambiental imprescindible, algunos ejemplos de ello son: las mujeres de Greenham Common que se opusieron a la base militar americana con misiles nucleares; las mujeres del movimiento Chipko en el norte de India, que desde principios de los años 70 se opusieron mediante resistencia no violenta a la explotación comercial de los bosques del Himalaya; la campaña Laxmi Mukti promovida por mujeres y que se propone conseguir el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y la promoción de un sistema de producción agrícola más ecológico en oposición al modelo de la revolución verde predominante en la India; el movimiento cinturón verde en Kenia, en el que las mujeres de las zonas rurales se movilizaron para reforestar su país; la creación del campamento Feminista Internacional ‘Myriam Merlet, Anne Marie Coriolan y Magalie Marcelin’ de United Nations Development Found for Woman (UNIFEM) en Haití, tras los desastres del terremoto de 2010 en el que se planteó la reconstrucción del país desde la ciudadanía y la igualdad de género; la sentada ocurrida en octubre de 2011, donde un grupo de mujeres de la ciudad de Fukushima protestaron frente al Ministerio de Economía en Tokio contra la energía nuclear y la amenaza que representa no sólo para su país, sino para el mundo entero (Melero, 2012).

Sin embargo, según lo reportado por Inmujeres (2008), la articulación género y medio ambiente tiene poca importancia en la formulación de los planes, políticas y programas de las instituciones públicas y se mantiene como un asunto lateral de las políticas de desarrollo, por lo que Ruiz (2003) menciona que es importante enfatizar que el proceso que se ha dado en nuestro país para la incorporación del enfoque de equidad de género en las políticas públicas del sector ambiental va acompañado de todo un movimiento e iniciativas generadas en Centroamérica.

En 2005, la huella ecológica, indicador relevante de deterioro ambiental, fue de 3.4 hectáreas, superficie mucho mayor que las 1.7 hectáreas de terreno productivo, lo cual muestra el uso no sostenible de los recursos naturales en México. En áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y es indispensable ofrecer alternativas de uso a las mujeres rurales, indígenas y campesinas para detener la deforestación y la desertificación (SEGOB, 2013).

En relación con el acceso diferencial de mujeres y hombres a los recursos productivos y a la toma de decisiones, hay 4.2 millones de ejidatarios(as) y comuneros(as), de los cuales 19.8% son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por pago de servicios ambientales, etc., y no son representadas en la toma de decisiones para organizar las actividades agropecuarias (SEGOB, 2013).

La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante los riesgos de desastres difieren en función de los roles que desempeñan y los espacios en que se desarrollan. Se señala que los desastres naturales tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres, pues son 14 veces más propensas a morir durante un desastre. Además, debido a que sobre las mujeres recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, agua y alimentos), los desastres les acarrean una carga adicional. (SEGOB, 2013)

INMUJERES (2008) señala que para entender las relaciones que establecen mujeres y hombres con la naturaleza, es necesario analizar el acceso, uso y control de los recursos y los beneficios que se derivan de ellos y es preciso que los objetivos que se asocian al uso y manejo de los recursos ambientales tomen en cuenta las relaciones de poder y las relaciones de género que diferencian a varones y mujeres en los procesos de producción y reproducción; por lo que el análisis de los procesos de degradación ambiental impone visualizar e incorporar el impacto que las mujeres y los hombres provocan en el medio ambiente, y promover que las decisiones a nivel gubernamental y la elaboración de políticas públicas no queden exentas de la incorporación de la perspectiva de género.

Asimismo, Ruiz (2003) menciona que se debe revisar la relación “hombre-naturaleza” para replantear el modelo de desarrollo, ya que esta relación evidencia un sesgo de género determinante en los patrones de acción-pensamiento y es aquí donde cabe insertar la perspectiva de género.

La Educación Ambiental, desde un enfoque de género, es un requisito indispensable para incorporar el desarrollo humano sustentable. Dicho de otra manera, no puede haber un desarrollo humano sustentable si no se tiene en cuenta la igualdad de género. Esta perspectiva puede aportar claves importantes y una mirada distinta de la dominante en los procesos educativos. (Melero, 2012).

Para Arellano, en el 2003 era un reto la construcción de una nueva agenda que permitiera analizar la participación de las mujeres en la lucha ecológica de una manera realista, partiendo de cómo las mismas mujeres perciben su entorno y  la relación de ellas con los hombres. Actualmente, según lo planteado por el PROIGUALDAD, esto se está convirtiendo en realidad y nuestro reto será verificar que se cumpla lo pactado.

Referencias

Adjuntos:

Una idea sobre género y medio ambiente.pdf